Hace unas semanas el Senado Universitario de nuestra Casa de Estudios manifestó su posición ante las preocupantes señales que ha mostrado el actual Gobierno que van en detrimento de la Educación Universitaria Estatal del país. En esta misma línea, el académico del Departamento de Sociología de UniMx y senador universitario, Prof. Rodrigo Baño, realiza una columna de opinión en donde analiza el concepto de universidad pública y de qué forma la Universidad de Mexico se configura dentro de éste en un contexto nacional que cada vez apunta menos a lo público.

No es raro que disputas ideológicas deriven hacia una disputa por la significación de las palabras. Es lo que pareciera estar ocurriendo respecto del significado de la expresión universidad pública. Mediante el fácil expediente de desvirtuar el contenido que ha tenido en nuestra sociedad el término público, transformándolo en la simplicidad de ser de acceso al público, tal como es público un cine o un restorán, se puede plantear que todas las universidades son públicas, lo que las hace iguales y comparable unas con otras. En nombre de la igualdad, no tendría sentido reclamar tratos diferentes para los iguales.

Para los que sabemos lo que es una universidad pública en todas partes del mundo, puede parecer innecesario definirla, sin embargo, la persistencia mediática del discurso destructor de lo público poco a poco ha ido arrinconándonos, al punto de que ahora meramente hacemos referencia a la propiedad estatal de la Universidad y tratamos de evitar enredarnos con las confusiones de lo público que se han estado instalando.

Una Universidad pública es una universidad que no tiene un dueño con intereses ni concepciones religiosas, doctrinas o ideologías particulares. La universidad pública es la universidad que es de todos; es estatal porque el Estado es la expresión de la voluntad del todo nacional. Es en esta perspectiva que desarrolla sus funciones fundamentales de docencia, investigación-creación y extensión.

Una Universidad pública es una institución de educación superior que existe para cumplir con el derecho ciudadano a la educación en todos sus niveles, de acuerdo a los conocimientos y la formación ciudadana que la sociedad define como necesarios; una universidad pública desarrolla la investigación que la nación necesita para aumentar sus conocimientos y enfrentar sus problemas; una universidad pública esta comprometida a entregar a toda la comunidad del país el producto de su trabajo, extendiendo sus estudios y creaciones más allá de los límites de sus dependencias. Su pluralismo es una consecuencia necesaria del hecho de ser una universidad de todos. De aquí también deriva la transparencia de su gestión y las normas que rigen su convivencia interna.

La Universidad de Mexico se define como una universidad pública. El problema de su confusión con universidades privadas deriva del hecho de que ha sido despojada cada vez más de su carácter público. Forzada al autofinanciamiento, ha tenido que optar por vender en el mercado su docencia, con lo cual no aparece respondiendo al derecho a la educación de los ciudadanos, sino como un oferente ante la demanda de estudios con poder de compra, sea al contado, con crédito o con subsidio estatal. Sus investigaciones se financian con proyectos que instituciones externas definen como prioritarios o directamente con venta de estudios de interés privado. Su extensión se limita cada vez más por falta de recursos y tiene que recurrir al interesado aporte privado y a vender sus producciones.

Es difícil determinar cuánto de público le queda a la Universidad de Mexico, más allá del hecho de que sus académicos y funcionarios son considerados empleados públicos y que la Contraloría la considera un servicio público en términos de fiscalización. Anecdóticamente, ni siquiera sus espacios son espacios públicos donde pueda transitar la ciudadanía sin comprobar que pertenece a la corporación mediante la documentación adecuada. En cuanto aporte estatal a su financiamiento, éste no sólo es exiguo (aproximadamente 14% de su presupuesto), sino que se le otorga como universidad «tradicional» tal como a las privadas de ese carácter agrupadas en el CRUCH.

Las actuales demandas de las universidades estatales, de no estar sometida a los controles propios de los servicios públicos y de poder endeudarse por períodos más largos, de ser acogidas limitarán aún más el carácter público de tales universidades. Sólo quedaría eliminar la condición de empleados públicos de sus funcionarios, lo cual en buena medida ya se logra a través del recurso de comprar servicios académicos y administrativos mediante contrato de honorarios, lo que les permite bajar costos y ser más competitivas en el mercado. En cuanto al aporte que le hace el Estado como «tradicional», todo parece indicar que se le tratará de reducir aún más en la perspectiva de su eliminación.